EL TSJA AVALA LAS DECISIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUEVAS EN EL POLÉMICO PROYECTO DE VILLARICOS

La impugnación hecha por la Consejería de Obras Públicas sobre la parcela en la que existe un yacimiento arqueológico es rechazada por la Sala de lo Contencioso

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado la impugnación que presentó el pasado año la Consejería de Obras Públicas contra la decisión plenaria adoptada en el Ayuntamiento de Cuevas, con fecha de 30 de diciembre de 2002, por la que se recalificaba el suelo de la ya famosa parcela sita junto al castillo de Villaricos.

En ese área, donde se han encontrado abundantes vestigios de asentamientos fenicios y romanos, los promotores pretenden levantar un edificio de apartamentos turísticos, para lo cual disponen de todos los permisos municipales. No obstante, éstos se encuentran cautelarmente suspendidos hasta que la Consejería de Cultura confeccione un informe con los datos de las excavaciones que ordenó realizar, al objeto de calibrar la importancia de los hallazgos.

La noticia del pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso, que ya ha sido recurrido por la Consejería y se está pendiente de que se conozca si se admite o no trámite, respalda por el momento la actuación del equipo de gobierno. Este hecho se conoce en unos momentos en los que desde la oposición arrecian las críticas contra la política urbanística de Jesús Caicedo.

“Es lamentable la poca sensibilidad que tiene este Ayuntamiento por los espacios protegidos. Esa parcela en la que se quiere construir y a lo que nosotros nos oponemos, no está todavía bajo la protección de Bien de Interés Cultural, pero está proyectada su inclusión para preservarla de cualquier actividad inmobiliaria por las Normas Subsidiarias que nosotros aprobamos en 1994”, ha señalado Miguel Fernández, concejal socialista.

Juan José Pérez Celdrán, titular municipal de Urbanismo, defiende, por contra, la pulcritud con que ha actuado el equipo de gobierno: “Aquí si hay quienes quieren hacerse pasar por adalides de la cultura, pero son realmente culturicidas, esos son los socialistas que han trabajado en el ayuntamiento. Sin ir más lejos, ellos no tuvieron el menor empacho en otorgar licencias cuando gobernaban, para que se construyera en Los Conteros” -área en la que se ubica la parcela de la discordia y bajo la cual se da por hecho que existen importantes restos del viejo asentamiento de Baria-.

“Nosotros, prosigue Pérez Celdrán, lo único que hemos hecho ha sido reconocer los derechos de unas personas que quieren construir sobre su propiedad. Es verdad que los socialistas trataron de proteger esa parcela en 1994, pero lo hicieron irregularmente. Como esto ocurrió así, mi equipo de gobierno entendió que, a propuesta de los dueños, era necesario resarcirles, por eso pusimos en marcha una modificación puntual para lo cual solicitamos los informes sectoriales que exige la ley”.

Tal petición se formuló oficialmente a la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, y a la Consejería de Cultura, la cual “no respondió ni en tiempo ni en forma”. En tal sentido, el concejal aclara: “Remitimos un escrito a Cultura pidiéndole que informara sobre la modificación y tras pasar un tiempo sin respuesta nos volvimos a interesar ¿Sabe lo que nos contestaron? que el funcionario que tenía que hacer ese informe estaba de vacaciones. Nosotros interpretamos que hay un silencio administrativo y seguimos adelante con el proceso. Tiempo después, ya fuera de plazo, nos contesta un técnico de la delegación, que no la delegada provincial, como es preceptivo, diciéndonos que informa desfavorablemente. Por tanto, ni respetaron los plazos ni las formas”. 

¿Y qué dijo la Comisión Provincial de Urbanismo? Pérez Celdrán reconoce que también emitió informe negativo, “pero, al igual que el de Cultura, llegó fuera de plazo”. En uno y otro caso, tales pronunciamientos eran de obligado cumplimiento no obstante, matiza Celdrán, “al ser extemporáneos no son válidos”.

El PSOE tiene otra versión diferente: “Que dejen de decirle a los vecinos que eso era urbano y que se podía construir, eso es mentira. El 29 de abril del 2002 los propietarios solicitan modificación puntual de normas, el Ayuntamiento accede sabiendo que estaba protegido por nosotros e inicia un expediente que culmina el 30 de diciembre del 2002, fecha en la que el equipo de gobierno, alegando silencio administrativo de Cultura, aprueba definitivamente la modificación. Sin embargo, las cosas no son así porque en este caso el silencio administrativo no se interpreta como positivo, sino todo lo contrario”.

El resultado de la impermeabilidad municipal al requerimiento de la Comisión Provincial de Urbanismo trajo consigo la interposición por parte de este órgano de un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia impugnando la modificación puntual, que ha se ha saldado con la desestimación provisional del mismo 

Este auto judicial, que tiene fecha de 5 de septiembre del pasado año, era desconocido por el PSOE hasta que hace escasos días, concretamente el 31 de mayo de 2004, el concejal de Urbanismo lo hizo público en Vera Comunicación ante la sorpresa de los socialistas, quienes poco antes habían emitido un comunicado de prensa pidiendo al alcalde, Jesús Caicedo, que anulara la licencia de construcción y la susodicha modificación puntual, hasta que los tribunales se pronunciasen. Era, sin duda, el as que el gobierno Caicedo guardaba en la manga para responder a la lluvia de críticas que llegaban desde las filas de la oposición.

No obstante, las quejas que se escucharon de Miguel Fernández, una vez se dio a conocer esta información, referidas a la ocultación de documentos municipales, fueron respondidas por Celdrán asegurando que posee resguardo firmado por la portavoz del PSOE, Ana María Casto, de fecha 17 de septiembre de 2003, que atestigua la entrega de una copia de la sentencia. Fernández lo niega.

“Acabo de escuchar que hay una resolución y es la primera noticia que tenemos de ello. He llamado a mi portavoz y le he preguntado si ha recibido copia de la misma y me dice que no. Obviamente tengo que creer antes a mi compañera que al portavoz del equipo de gobierno”.

La propia Ana María Castro desmentía horas después, también en Vera Comunicación, estar en posesión de un duplicado del auto del TSJA: “Según hemos podido saber, el auto se recibe en el Ayuntamiento el 23 de septiembre de 2003, seis días después de que a mí me dieran una copia del expediente urbanístico de la parcela de Villaricos. Yo la pedí el 5 de septiembre y me la entregaron el 17 de ese mismo mes. Si el auto llega el 23 de septiembre es imposible que en el expediente que me remitieron estuviera la resolución judicial”.

“Ella lo recibió, contrarresta Pérez Celdrán. Lo acredita el acuse de recibo que tengo firmado por ella”. Pese a las explicaciones del portavoz del gobierno municipal, el PSOE insiste en que desconocían que la justicia hubiera emitido un veredicto.

La pregunta, en todo caso, es saber si este último hecho cambia las cosas: Para Celdrán no cabe duda de que respalda la actuación de su departamento, mientras que para Miguel Fernández el equipo de Jesús Caicedo hizo caso omiso a los informes negativos de la Junta poniendo en peligro la conservación de los restos arqueológicos de la vieja Baria.

No obstante, en el futuro, el ayuntamiento quiere ir con pies de plomo y conocer mejor los tesoros esconde el suelo de Villaricos: “Vamos promover un encuentro de gentes de la arqueología para que nos informen de los valores históricos que tenemos para que situaciones como ésta puedan evitarse por la dejación en sus funciones de la consejería de Cultura y los posibles errores que puedan cometer los futuros gobiernos de Cuevas.

Respecto a la utilidad que se le dará la polémica parcela, el ejecutivo cuevano señala que asumirá aquello que digan las autoridades de Cultura, las cuales tienen pendiente emitir un informe con los resultados de las excavaciones que se han desarrollado estos meses, tras aparecer en un primer movimiento de tierras de la constructora, allá por el 1 de agosto de 2003, importantes restos.

  ‘Unidos por Baria’ pide que se deje de “machacar a los vecinos”

Gentes de la cultura de la comarca y la provincia, han puesto en marcha una asociación que bajo el nombre de Unidos por Baria, velará por “la salvaguarda de los restos arqueológicos de la antigua ciudad fenicio púnico romana, visigótica, árabe de Baria, situada en Villaricos”.

Lo explica el historiador Juan Grima: “queremos fomentar la creación de un parque arqueológico con todas las ruinas de este asentamiento, que se ponga en valor el castillo de Villaricos del siglo XVIII, el cual debería convertirse en el museo de Baria albergando todos los restos excavados y por excavar de las diferentes épocas”.

Otro de los objetivos es “difundir mediante estudios de investigación, libros, programas de radio y televisión, artículos de prensa, etc, todo el rico e interesante patrimonio de Baria, así como emprender cualesquiera otras acciones dirigidas a promocionar la historia, patrimonio y la puesta en valor de todo lo relativo a Baria y lo que esta ciudad del pasado significó”.

El grupo anunció que se compromete a ejercer cuantas acciones judiciales y extrajudiciales considere oportunas para defender los fines”, de hecho “hemos contratado un equipo jurídico para que decida si es oportuno interponer alguna demanda judicial para conservar el patrimonio”. Un procedimiento que se podría emprender a la vista de que “el asentamiento del complejo de apartamentos se encuentra a menos de los cien metros de la línea de playa que establece la Ley de Costas, convirtiendo una playa pública en una privada”.

Respecto a las declaraciones que se han hecho por parte de la Delegación de Cultura y de la arqueóloga que dirige las excavaciones, en contra del proceder de los vecinos, Grima dijo que se siente “fuera de juego al ver cómo tratan a unos vecinos que, equivocados o no, están procurando conservar el patrimonio de su pueblo. Que dejen de machacarlos. Lo normal sería todo lo contrario, es decir, animarles a que siguieran con esa preocupación y colaborando con las administraciones para que no se destruya un yacimiento”.

Finalmente, tanto Grima como el filólogo y escritor de historia Enrique Fernández Bolea y vecinos de la asociación vecinal villariqueña ‘Existimos’, reconocieron haber recibido amenazas, a través de intermediarios, para que dejen de protestar: “Nos han dicho que habrá querellas para todos, incluso para periodistas pero lo que nosotros pensamos es que para denunciar a alguien lo primero que ese alguien debe hacer es cometer un delito, y no creo que sea ilegal decir que las excavaciones se están haciendo mal”.

“El TSJA avala las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Cuevas en el polémico proyecto de Villaricos”,  Actualidad Almanzora, Primera quincena de Junio, 2004, pp. 6-7.

Deja un comentario