La polémica

LA POLÉMICA

BARIA: UN YACIMIENTO TRANSCENDENTAL PARA NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

De la importancia arqueológica de Villaricos habla todo un proceso de descubrimientos que se inició en las postrimerías del siglo XIX. Por aquellos años, un ingeniero de minas con desmedida afición por la arqueología, el archiconocido Luis Siret (llegado a estas tierras del Levante almeriense en 1880), saca a la luz, entre otras muchas cosas, una necrópolis con miles de enterramientos, perteneciendo los más antiguos al siglo VII a. C. Se trataba de una de las áreas insertas en la antigua ciudad de Baria, asentamiento clave en el proceso de colonización fenicia y anexionada posteriormente al poder de Cartago y Roma. A partir del siglo I d. C., ya bajo dominio romano, la urbe modifica su semblante con el traslado de la población hacia la misma ribera del Almanzora, quedando el área de actividad industrial en la zona costera. Precisamente, la GRAN FACTORÍA DE SALAZONES DE PESCADO, junto a otras estructuras dedicadas a actividades subalternas, es lo que está aflorando en esa parcela en la que se pretendía la construcción de una urbanización de 136 lujosos apartamentos.

La salvaguarda y protección del patrimonio, en el más amplio de su dilatado sentido, es responsabilidad de todos, pero, indudablemente, de unos depende más que de otros. Porque, aunque pueda parecer lo contrario, cuando se comete cualquier atentado, cualquier desmán contra nuestra herencia cultural, contra nuestro entorno medioambiental, siempre hay un responsable que, nítidamente, destaca sobre el conjunto. Y no siempre este responsable es el ejecutor del desaguisado, sino aquella institución que, pudiendo evitarlo, lo favorece por desidia o por cualquier otro motivo espurio.

LA VOZ DE ALARMA

Algo de esto –y lo decimos con profunda tristeza- venía ocurriendo en la pedanía cuevana de Villaricos desde el 1 de agosto de 2003. Fue entonces cuando un grupo de vecinos contempló atónito como una flota de camiones (ocho para ser concretos), escoltados por dos grandes máquinas excavadoras y un ejército de operarios, invadía un solar de casi una hectárea situado a la izquierda de la torre vigía, entre el Mediterráneo y la carretera costera que une Garrucha con San Juan de los Terreros. Aquel viernes por la tarde se hallaba la canícula en su cenit y la administración de la Junta de Andalucía en la provincia de vacaciones; la empresa promotora –poseída hoy por un imprevisto y súbito ataque de sensibilidad- quiso aprovechar entonces la especial coyuntura estival para, con celeridad y alevosía, convertir este ataluzado trozo de terreno en un impoluto solar pronto a ser edificado. Se daban para tan admirables intenciones un restringido plazo de tiempo: quizás el comprendido en un fin de semana de intensa actividad a destajo.

LA LICENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE CUEVAS

Eso sí, nuestros concienzudos promotores contaban con una licencia de obra concedida graciosamente por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (15 de abril de 2003, en sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno), institución que debería entender el desarrollo de su municipio de modo bien distinto a como lo viene entendiendo. ¿O es que su única pretensión consiste en recalificar suelo para construir, sobre todo en la costa, siguiendo esos desafortunados modelos de los municipios vecinos? ¿Podrían entender de una vez por todas que la protección y puesta en valor de nuestra riqueza arqueológica, arquitectónica, paisajística y medioambiental constituye el mayor atractivo frente a la homogeneidad del hormigón y el ladrillo? ¿Podrían entender, al menos, lo que significan conceptos tan básicos y esenciales para nuestro futuro y el de las generaciones venideras como el de desarrollo sostenible? Porque –y nos seguimos preguntando-, cuando nuestros representantes municipales otorgaron esa licencia de obra, ¿desconocían los tesoros que se ocultaban en el subsuelo de ese terreno? Da absolutamente lo mismo que ese espacio estuviese o no protegido, porque en cualquier caso el Ayuntamiento de Cuevas habría actuado o haciendo gala de una ofensiva insensibilidad o, lo que aún sería más grave, abanderando la ignorancia como fundamento de decisión, y ni una ni otra son precisamente cualidades de las que una institución municipal deba vanagloriarse.

Cuatro meses antes de conceder licencia, el 30 de diciembre de 2002, en sesión ordinaria del Pleno Municipal, en su punto 2º del orden del día, aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en Villaricos, dando vía libre a la concesión de una futura licencia de obra, como así se hizo. De nada sirvieron los informes desfavorables emitidos por las Delegaciones de Obras Públicas y Cultura, ya que, al haber llegado fuera de plazo –según el Ayuntamiento-, se entendió que hubo un silencio administrativo interpretado por los de Cuevas como favorable.

LOS HECHOS DEL 2 Y 3 DE AGOSTO

Pero, por fortuna, aquella acelerada licencia de obras no iba a ser suficiente. Los de Villaricos, encabezados por un concejal del mismo gobierno municipal que había concedido la licencia (Francisco García Marín), contactaron con un grupo de personas comprometidas con la salvaguarda de los valores culturales de la comarca, recién iniciado el movimiento de tierras. Por las primeras explicaciones se supo de la desproporción del atentado, ya que se aludía a los numerosos restos que estaban aflorando y que las “bañeras” (camiones) estaban trasladando a un vertedero ubicado en la ribera del río Almanzora, muy próximo al lugar. Hasta allí habían ido a parar cerámicas, sillares, alguna columna de mármol, monedas, utensilios de hueso y otros restos que confirmaban por sí solos la importancia de un yacimiento aún sin excavar. Ni siquiera la puesta de sol acabó con aquella actividad frenética; la empresa promotora tenía prisa y los camiones, con las luces encendidas, continuaron con su ruidoso devenir de carga y descarga ante la impotente mirada de un pueblo indignado.

Mientras tanto, intentábamos comunicar con Julián Martínez, director general de Bienes Culturales, que estaba pasando unos días de descanso en Las Negras, en el Parque Natural de Cabo de Gata. De nuevo la fortuna quiso que se hallase próximo al lugar del desaguisado, ya que de inmediato, al mismo tiempo que ordenaba al SEPRONA que se personase en Villaricos y procediese a la paralización de la obra, también él se desplazaba hasta allí para comprobar in situ tamaña barbaridad. Eran aproximadamente las 11.30 de la mañana del sábado 2 de agosto y hasta ese preciso instante la actividad de maquinaria y camiones no había cesado, ni tan siquiera cuando el SEPRONA comunicó al encargado la orden que había recibido del director general. Sólo con la llegada de este último se paralizaron definitivamente los trabajos. Allí estuvimos acompañándolo y observando el destrozo que en tan sólo ocho horas se había producido: la aparición de un muro y la profusión de restos cerámicos esparcidos por doquier eran prueba evidente de lo que había estado a punto de perderse para siempre bajo una mole de siete plantas.

Sea como fuere, la paralización cautelar de los trabajos era ya un hecho que los responsables municipales querían acotar en el tiempo a unos escasos 30 días, advirtiendo su concejal de urbanismo de que, si en ese período de tiempo no se recibía ningún informe de la Delegación de Cultura, dejaría el asunto en manos de su gabinete jurídico, lo que venía a demostrar, una vez más y con absoluta nitidez, cuáles eran las pretensiones de la administración municipal con respecto a este solar.

Mientras la prensa provincial y comarcal se hacía eco en los días sucesivos de lo que en Villaricos estaba aconteciendo, comienzan a llegar al lugar los primeros técnicos de la Delegación de Cultura. Durante la visita de la arqueóloga provincial, Ana Navarro, y la jefa del Departamento de Protección de la Delegación de Cultura, Mª Ángeles Sáez, para valorar los daños, se vuelve a incidir sobre la ilegalidad de los trabajos realizados dada la impugnación del permiso. Partiendo del reconocimiento de lo sucedido como un verdadero atentado contra el patrimonio de todos, los técnicos de Cultura elaboran su informe en el que desde el principio sospechan de que los hallazgos encontrados pertenecen al asentamiento romano de Baria. Poco tardaría en confirmarse tan feliz extremo, pues a principios de septiembre Cultura reconoce que los restos arqueológicos encontrados en Villaricos pertenecen al período púnico de Baria, pero –según esta misma administración- faltaba por determinar la importancia de los hallazgos. Será necesaria, por consiguiente, una intervención de urgencia cuyos gastos correrán a cargo de la empresa constructora. De este modo, el 9 de septiembre representantes de la promotora y técnicos de la Delegación dan a conocer las directrices de los trabajos arqueológicos que se realizarán durante los próximos meses. Por esas fechas, la empresa ya ha contratado a una arqueóloga, Rosa Morales, quien en sus primeros informes admite que los restos hallados en el solar pueden pertenecer a una fábrica de salazones romana.

EL ORÍGEN DE LA POLÉMICA

Pero claro está, ¿cuál es el origen de esta polémica y vergonzante situación? La respuesta, en esta caso, es fácil, inquietantemente fácil, porque todo parte de la desprotección de esta parcela de la discordia. En efecto, mientras que otros sectores de Villaricos gozan de la seguridad que les confiere la figura BIC (Bien de Interés Cultural), el caso que nos ocupa se hallaba desde hacía décadas al margen de cualquier tipo de protección por parte de la administración autonómica, a quien competía tal declaración. Cuando el 26 de octubre de 1983, a través de Real Decreto, el Ministerio de Cultura declara el yacimiento de Villaricos Bien de Interés Cultural, como monumento histórico-artístico de carácter nacional, no incluye este solar entre los espacios protegidos. Tampoco, trasferidas las competencias a la Junta de Andalucía (Real Decreto 864 / 84, de 29 de febrero), se contemplaba protección alguna para el mismo en la delimitación realizada mediante Decreto el 22 de abril de 1987. Y entonces fue cuando, nuevamente, cuestionamos, esta vez a la administración autonómica, por qué se creó una isla desprotegida en medio de un mar convenientemente salvaguardado, máxime cuando de todos era conocida la riqueza arqueológica de la totalidad de la zona. A la Delegación de Cultura no se le ocurría otra cosa que responder con el manido argumento del error administrativo, un fallo administrativo que se cometió no se sabe cuándo ni por quién, pero que nos dejaba al descubierto frente a la insensibilidad dominante y a los continuos ataques contra el patrimonio. Hay que decir, para conocimiento de todos, que nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 12.3, establece como objetivo primordial “afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad”, teniendo atribuida actualmente las competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. Además, con fecha de 3 de julio de 1991 el Parlamento de Andalucía aprueba la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, creándose en su seno el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento eficaz para la protección de los bienes en él incluidos, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, a través de su Dirección General de Bienes Culturales, la formación y actualización del mismo. Y a pesar de este amplio fundamento legislativo, la única administración capaz de poner fin a este ataque contra el patrimonio de todos los andaluces actuaba con la lamentable indecisión de quien tiene algo que ocultar, sin atajar esa más que probable pérdida de patrimonio que conllevaría cualquier intervención urbanística en la zona. Desde el primer momento argumentamos que no podía haber una solución negociada porque los intereses eran muchos y variados; desde el primer momento exigimos que se impusiese la valentía, la coherencia y la responsabilidad de los únicos que podían convertir este solar de 1.68 hectáreas en un intocable Bien de Interés Cultural. Sobre la Consejería de Cultura recaería siempre la sombra de una decisión no adoptada, porque a esta institución y únicamente a esta institución se le habría responsabilizado de lo que se hubiese perdido, pudiendo haberse salvado para disfrute y orgullo de todos.

¿Y QUÉ PASABA CON EL FUTURO?

Y es que la Resolución de 21 de agosto de 2003, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se procedía a la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como zona arqueológica, el yacimiento de Villaricos, ni nos hacía abrigar esperanzas de futuro ni nos permitía ser optimistas. Más bien al contrario, el Capítulo VI nos inquietaba con el anuncio de una normativa específica que se cernía sobre lo que ellos habían bautizado como Sector 8, es decir sobre la parcela de la polémica. Se afirmaba de éste que correspondía al asentamiento romano y que ocultaba la factoría de salazones, añadiendo que en caso de edificación de nueva planta, el promotor debería “realizar las actividades arqueológicas necesarias para la protección del patrimonio que pudiese existir en el subsuelo”, bajo la supervisión de la Consejería de Cultura, de la que habría que obtener autorización previa para “cualquier obra que suponga remoción o movimientos de tierra”. A continuación, en el punto 21, volvía a infundirnos un lógico temor: “Cuando sea justificable la construcción de edificios, éstos deberán ser compatibles con la integración y valorización de los restos arqueológicos que pudiesen aparecer. En todo caso, en los proyectos de edificación de inmuebles de nueva planta se optará siempre por el sistema de cimentación menos nocivo para los restos arqueológicos, con una profundidad nunca mayor a los 50 centímetros”. En definitiva, la salvaguarda del sector 8, a diferencia de otros sectores de esta zona arqueológica en los que la protección es integral, se hallaba condicionada al resultado y valoración que de la excavación de emergencia se realizase, pero, de cualquier modo, la posibilidad de que en ese solar finalmente no se construyese era, cuando menos, remota. De nuevo nos atormentaba la falta de comprensión, ¿por qué una parcela en la que se aseguraba la ubicación de la factoría de salazones tenía un tratamiento diverso del sector colindante en cuanto al futuro de su protección? ¿Por qué este agravio? Tampoco entendíamos por qué el error administrativo argumentado por la Consejería no era subsanado de una vez por todas. No lográbamos comprender por qué no se dejaban de medias tintas y procedían a la declaración definitiva de la misma como Bien de Interés Cultural. En aquellos momentos, preferíamos pecar de ingenuos que de mal pensados.

COMIENZA LA EXCAVACIÓN DE EMERGENCIA

El 26 de noviembre de 2003, mediante Resolución del Director General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, se autorizaba definitivamente la intervención de emergencia. Algunas semanas después, el 11 de diciembre, comenzaban los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la zona.

Por fin, con un cierto retraso sobre lo previsto, en la segunda quincena de enero se inicia la excavación de emergencia que la promotora había optado por financiar como paso ineludible, impuesto por la Consejería, hacia la futura materialización de su macroproyecto urbanístico. Siete arqueólogos y 20 operarios, bajo la dirección y coordinación de Rosa Morales, comienzan su intervención arqueológica sobre una superficie de 3.500 metros, es decir el 45% de la extensión total del terreno susceptible de urbanización (8.000 metros). Con una inversión aproximada de 600.000 euros, el estudio de Morales preveía unos seis meses de trabajos en la zona, basándose éstos en la profundización de catas distribuidas en damero: o lo que es lo mismo, sobre el total de los 8.000 metros se repartían las catas de superficie variable que, alineándose, abarcarán la totalidad de la parcela, quedando entre cata y cata un espacio sin excavar (un 55%). Como resultado de esta actuación comienza a ver la luz lo que la propia arqueóloga nos definió como la zona industrial de Baria, que albergó una gran fábrica de salazones entre los siglos I y V d. C., asegurándonos con rotundidad que los numerosos restos extraídos durante estos cuatro últimos meses nos hablan de diferentes etapas romanas, sin que hasta el momento se hayan encontrado vestigios de época fenicia. En la parte excavada hasta la fecha han aflorado los talleres de la factoría, grandes piletas de salazón, un aljibe, una mini terma, mosaicos y abundantes ánforas, jarras, cerámicas y utensilios de hueso que tuvimos la oportunidad de contemplar durante nuestra visita al yacimiento el pasado 28 de abril, en la que contamos en todo momento con la compañía y explicaciones de la arqueóloga directora de la excavación.

NUEVA VOZ DE ALARMA

Como ya ocurriera en agosto de 2003, ahora volvíamos de nuevo a escuchar la alarma de algunos vecinos de Villaricos. En efecto, nos comentaban que en el yacimiento se estaba utilizando maquinaria semipesada para abrir y profundizar en las catas, lo que, según su opinión y experiencia, resultaba impropio para una intervención de este tipo. Además, acusaban a los responsables de la excavación de estar realizando los trabajos con excesiva celeridad y escasa meticulosidad, ya que de las últimas tierras y escombros, procedentes del yacimiento, que se estaban depositando en un vertedero cercano, los mismos vecinos habían extraído monedas de época romana, cerámicas y otros restos. Y culpaban de todo ello a la falta de celo de la arqueóloga y a sus métodos poco ortodoxos, auspiciados quizás por las presiones que de la empresa promotora estaba recibiendo o de la misma limitación de tiempo que se había impuesto. Ante estas denuncias, quisimos acercarnos al lugar de la excavación. Cuando planteamos a la arqueóloga las preocupaciones de los vecinos y las nuestras propias sobre la utilización de maquinaria en los trabajos, ella respondió que su empleo estaba contemplado en el proyecto que le había sido aprobado por Cultura, y se justificaba por la existencia de una capa de escoriales procedentes de la antigua fundición Carmelita (siglo XIX) que sería gravosa –en trabajo y tiempo- descombrar mediante otros métodos manuales. En cuanto a los abundantes restos arqueológicos que, según los de Villaricos, habían acabado en el vertedero, con la consiguiente pérdida de riqueza patrimonial, se defendía diciéndonos que, aunque toda la tierra se cribaba antes de despreciarla definitivamente, podía ser que algo se le hubiese escapado. Sin embargo, cuando, con posterioridad a nuestra visita y entrevista con la arqueóloga, nos vimos con los representantes de la asociación Existimos de Villaricos, éstos nos mostraron una grabación de vídeo en la que la máquina entraba y salía continuamente de una de las catas, lo que no se ajustaba con exactitud a las justificaciones que poco antes había argumentado Rosa Morales.

Durante los primeros días de este mes de mayo, la noticia sobre destrozos arqueológicos en Villaricos salta a los medios de comunicación comarcales y, posteriormente, a los provinciales, exponiendo las declaraciones encontradas de vecinos y técnicos. Así, mientras los primeros manifiestan “tener pruebas con fotos y hemos grabado un vídeo donde se ve perfectamente como se mete la máquina dentro de las mismas catas y mete la pala, saca la tierra y luego la echan a un vertedero donde finalmente hemos encontrado monedas romanas, objetos pesados, columnas o trozos de escultura, lo que demuestra el poco rigor científico con el que se están llevando a cabo los trabajos” (Ideal, 3 de mayo de 2004); la arqueóloga contrarresta diciendo que “no hay expolio, la intervención es la adecuada y no se está cometiendo ninguna irregularidad”, para apostillar más adelante que las monedas y los restos del vertedero “no son de ese yacimiento” (Ideal, 4 de mayo de 2004), afirmación ésta última que contrastaría con aquella posibilidad aceptada de que algo se pudiese haber escapado. La Delegación de Cultura, ante la polémica suscitada, envía a la zona a uno de sus inspectores, quien, tras la visita del 3 de mayo, admite que los trabajos de excavación se están realizando con todas las garantías.

La Asociación de Vecinos Existimos, mientras tanto, se había puesto en contacto con el Ayuntamiento para denunciar el daño que se estaba realizando en la zona arqueológica debido a la utilización de maquinaria pesada en las catas que se estaban abriendo, y a la falta de criba de tierras y escombros que se depositaban en los vertederos próximos, con la consiguiente pérdida de riqueza arqueológica. Ante esto, el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Urbanismo, remite solicitud (30 de abril de 2004) a la Delegación de Cultura para que sea ésta la que realice las inspecciones necesarias sobre el yacimiento y adopte las medidas necesarias para la protección del patrimonio de la zona. Además, la misma Asociación dirige escrito a la Delegación de Cultura, exponiendo idénticas preocupaciones sobre el particular. La respuesta, con fecha de 4 de mayo, dice: “La intervención se está realizando con total sujeción a proyecto y a las directrices emanadas de esta Delegación Provincial. En ningún momento se ha producido destrucción o deterioro del yacimiento. Todo lo contrario: la zona está siendo objeto de un completo estudio arqueológico que está dando como resultado gran cantidad de material y datos históricos…” .

Por aquellos mismos días, en prensa, esta misma Delegación de Cultura responde a nuestras preocupaciones con acusaciones de expolio, es decir nuestra buena voluntad y responsabilidad de ciudadanos es recompensada con descalificaciones, intentando situarnos casi al margen de la ley. Y todo porque poseíamos la prueba de las irregularidades que en aquella excavación se estaban cometiendo: monedas y otros elementos de interés arqueológico que, no sabemos por qué motivos (o preferimos ignorarlos), estaban yendo a parar directamente a una escombrera próxima.

No hemos querido nosotros convertir en protagonista y responsable de lo que en Villaricos ocurre a la arqueóloga directora de la excavación, ni mucho menos. Sabíamos quiénes eran los responsables de este atentado, porque –y que quede claro- lo extremadamente grave no es lo que estaba aconteciendo en aquellos días, no; lo deleznable, lo lamentable, lo que ponía en duda a las mismas administraciones que tienen que velar por la salvaguarda de nuestro patrimonio, es que en pleno siglo XXI el interés general, la conservación de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y cultural, estuviese supeditado a los intereses económicos de unos pocos. Y le preguntábamos a los señores de la Consejería de Cultura: ¿por qué no cumplen ustedes con los cometidos que les confiere el Estatuto? Para ello tenemos una administración autonómica que pagamos todos, y no sólo esos a los que ustedes parecen privilegiar. Y les recordábamos a los mismos que la administración autonómica estaba ahí para adoptar decisiones, exigiéndoles que las adptasen de una vez por todas, que fuesen valientes, que deshiciesen entuerto o…, que cargasen siempre con el peso de la ineptitud, de la irresponsabilidad y de no sé cuántas cosas más.

SE CONSTITUYE UNIDOS POR BARIA

Las respuestas y mensajes que estábamos recibiendo desde las distintas administraciones, más que contribuir a nuestra tranquilidad, nos llenaban de inquietud y desasosiego. Por esta razón, resultaba prioritario organizarnos en una estructura asociativa desde la que reivindicar, de manera efectiva, nuestro objetivo primordial: la protección integral del sector sobre el que se quería edificar y su futura puesta en valor. Así, el pasado 15 de mayo, la asociación vecinal de Villaricos Existimos convocaba una asamblea general a la que eran invitadas decenas de personas del mundo de la cultura de la comarca. Nace entonces Unidos por Baria que, desde ese preciso instante, continua exigiendo que las administraciones ejerzan la responsabilidad que les corresponde como representantes del pueblo. Porque a alguna -Delegación de Cultura- ni siquiera se le había escuchado posicionamiento en relación a la amenaza que se cernía sobre nuestro patrimonio. En ello seguimos con un apoyo cada vez más amplio y rotundo, y nuestro tesón, nuestra inquebrantable defensa de una reivindicación que siempre hemos creído justa, nos ha deparado una primera victoria: la Junta de Andalucía ha otorgado la máxima protección sobre el afamado sector 8.